EL PENSIONISTA GALÁCTICO

El Consejero Delegado del BBVA va a cobrar una pensión de 3 millones de euros anuales. Esta cifra habría pasado desapercibida hace cinco años y no habría suscitado reacciones políticas por parte de grupos parlamentarios y sindicatos. Tampoco habría sido tema de debate en tertulias radiofónicas. Todo ello es síntoma de que algo ha cambiado y que la sensibilidad social tiene ahora otro rumbo. Por eso, las cifras de los salarios o pensiones de altos cargos resultan escandalosamente desorbitadas para el ciudadano de a pie.

Hoy que la burbuja financiera ha estallado, que la banca mundial ya no goza de la incontestable credibilidad de tiempos anteriores, la pensión de un alto directivo de un banco español despierta malestar o dudas. Cuando los comentarios sugieren palabras como “ética” o “caso llamativo”, queda claro que lo que antes era normal, comprendido y aceptado, hoy es anormal, incomprendido e inaceptable, para un amplio sector de la población.


Las decisiones de una empresa se corresponden al ámbito privado y sería un error pretender controlar las cuentas de una empresa solvente como el BBVA, que no ha recibido ayudas públicas y que, por lo tanto, no tiene ninguna deuda con la sociedad. Es inaudito que se le pida a un banco austeridad, como si se tratara de un cargo público, homologando al banco con un partido que gobierna.

Por lo tanto, los que tienen voz y voto son los accionistas y son ellos los que, si lo consideran oportuno, pueden destinar 52,5 millones de euros a la pensión vitalicia de un alto cargo. Si esta decisión se toma cuando hay dificultades para conceder créditos que reactiven el consumo y relancen la actividad de las PYMES, es evidente que el autónomo, el trabajador por cuenta ajena, el parado o el pequeño empresario se sentirán agraviados.

A pesar del comprensible descontento, se trata de una decisión privada y, como tal, poco se puede reclamar. Pero mientras es privada la decisión de otorgar semejante pensión a un cargo directivo, también es privada la decisión de aceptar esa cuantía. De esta manera, todo queda en un simple juego de valoración de intenciones y voluntades y sobre eso todavía no hay una legislación, ni ética social que lo impida.