Ya conocemos el patrimonio de nuestros ministros, aunque lo hacemos con cinco años de retraso, porque esta presunta transparencia era una promesa del programa electoral presentado en 2004.
El hecho de conocer estos datos es visto por la ciudadanía, y por los propios cargos públicos, como un ejercicio de transparencia que consigue evitar las tentaciones de la corrupción.
Sin embargo este noble objetivo ha debido encontrar algunas trabas internas si el Gobierno ha tardado cinco años en hacer público el patrimonio de los Ministros y Secretarios de Estado. Uno de los más resistentes – según las informaciones publicadas en la prensa esta semana – fue Bono. El entonces Barón Manchego, aseguró que esos datos sólo sirvieron para aumentar el morbo público.
Las cifras que hemos conocido son significativas porque vemos el impacto que ha dejado la empresa privada en las cuentas de Sebastián o Garmendia, pero el caso más discutido y discutible es el de Chaves, que sólo acumula 68.964 euros. ¿Qué puede haber ocurrido? La Ley 5/2006, de 10 de abril, es la que ha obligado este jueves a publicar en el Boletín Oficial del Estado los supuestos patrimonios del Presidente, los Ministros y los Secretarios de Estado del Ejecutivo. Al valorar el patrimonio con esta ley no se controlan los patrimonios de los cónyuges, que pueden justificarlo de manera voluntaria. También hay que tener en cuenta que se ha calculado el valor catastral de la vivienda (que suele rondar la mitad del precio del mercado).
Quizás más que esta borrosa imagen de los patrimonios, ¿no sería más interesante conocer las relaciones que existen entre los que ocupan cargos públicos? Amistades, cuotas, favores... Seguramente nos llevaríamos una sorpresa al ver que la meritocracia es un invento.
El hecho de conocer estos datos es visto por la ciudadanía, y por los propios cargos públicos, como un ejercicio de transparencia que consigue evitar las tentaciones de la corrupción.
Sin embargo este noble objetivo ha debido encontrar algunas trabas internas si el Gobierno ha tardado cinco años en hacer público el patrimonio de los Ministros y Secretarios de Estado. Uno de los más resistentes – según las informaciones publicadas en la prensa esta semana – fue Bono. El entonces Barón Manchego, aseguró que esos datos sólo sirvieron para aumentar el morbo público.
Las cifras que hemos conocido son significativas porque vemos el impacto que ha dejado la empresa privada en las cuentas de Sebastián o Garmendia, pero el caso más discutido y discutible es el de Chaves, que sólo acumula 68.964 euros. ¿Qué puede haber ocurrido? La Ley 5/2006, de 10 de abril, es la que ha obligado este jueves a publicar en el Boletín Oficial del Estado los supuestos patrimonios del Presidente, los Ministros y los Secretarios de Estado del Ejecutivo. Al valorar el patrimonio con esta ley no se controlan los patrimonios de los cónyuges, que pueden justificarlo de manera voluntaria. También hay que tener en cuenta que se ha calculado el valor catastral de la vivienda (que suele rondar la mitad del precio del mercado).
Quizás más que esta borrosa imagen de los patrimonios, ¿no sería más interesante conocer las relaciones que existen entre los que ocupan cargos públicos? Amistades, cuotas, favores... Seguramente nos llevaríamos una sorpresa al ver que la meritocracia es un invento.
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